El daño medioambiental para producir combustible para las centrales nucleares acaba de recibir el permiso del gobierno del PP. Casi desapercibida ha pasado la declaración de impacto ambiental favorable que la Junta de Castilla y León ha dado, al proyecto de la empresa australiana Berkeley Ressources Ltd., aquí denominada Berkeley Minera de España S.A., para extraer uranio a cielo abierto junto al río Yeltes, en el suroeste de la provincia de Salamanca, a 31 kilómetros de Ciudad Rodrigo y a 70 de la capital universitaria Ciudad Rodrigo.

El proyecto que se realizará en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, supone movimientos de tierras de más de 200.000 metros cúbicos anuales, cinco megavoladuras a la semana y el procesado de dos millones de toneladas al año de mineral que servirá para conseguir cada doce meses unas 675 toneladas de óxido de uranio, usado como combustible en los reactores nucleares. Ya no hay problema para prorrogar el funcionamiento de la central ni de otras eventuales centrales, ni de almacén nuclear (ATI) en Garoña. Los ecologistas vascos se han unido a la plataforma salmantina Stop Uranio, que luchan contra el uso del uranio de la mina de Salamanca. Es obra del PP y del intermediario Arias Cañete, personaje de la organización popular que sabía que se había confirmado la existencia de uranio en Retortillo. ¿Entonces para qué engañar a los vascos sobre la reapertura de Garoña si desde hace dos años el gobierno central y Rajoy sabían que Berkeley  Cañete conocían el hecho de que estaba resuelto el problema del uranio para todas las centrales españolas sin necesidad de importarlo de Niger o de Indonesia?.

Stop Uranio añade que el gas radón, considerado por la OMS como causante de cáncer de pulmón, es “inherente a la extracción y procesado de mineral radiactivo”, como es el óxido de uranio. Al ser la explotación a cielo abierto, la expansión de ese gas puede alcanzar centenares de kilómetros a la redonda de la mina. La plataforma está convencida de que el Gobierno del PP cambia “el bien común y la salud de la ciudadanía por los intereses particulares de una empresa privada”, que tacha de especulativos a la vista de los precios actuales del uranio en el mercado mundial. Ahora basta comprarlo en Salamanca.

La explotación minera a cielo abierto se localiza en dos zonas –Retortillo y Santidad–, entre las que pasa el río Yeltes, y afecta, según dice la propia DIA, al Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes”, y a la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) “Riberas de los ríos Huebra y Yeltes”.

Solo estos datos y la cantidad de especies animales y vegetales que se verán directamente afectadas por el denominado Proyecto Retortillo-Santidad, como se puede leer en la DIA recién publicada, deberían haber sido suficientes para echar atrás el proyecto, por mucho que la empresa proponga medidas correctoras de los impactos antinaturales, aceptadas por la Junta de Castilla y León contra el criterio de grupos políticos y ecologistas que alegaron razones poderosas en contra de esa explotación de uranio en España.

El daño ambiental directo sobre el río Yeltes es considerable puesto que Berkeley ha solicitado sacar 100 litros por segundo para el proceso de extracción y limpieza de mineral de uranio, con unos máximos previstos de 344.563 metros cúbicos anuales. Y también obtener 1.337.455 metros cúbicos al año de aguas subterráneas. En total, casi 1.700 millones de litros de agua potable. Esos caudales contribuirán indudablemente “a aumentar el problema del déficit hídrico característico en esta parte de la provincia salmantina, afectando a sectores productivos básicos como la agricultura y la ganadería”, asegura la plataforma salmantina Stop Uranio.

Los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, presididos respectivamente por Francisco Javier Santamaría Matías (PP) y Jorge Rodríguez Martín (PSOE), apoyaron el proyecto Retortillo-Santidad, pues Berkeley promete crear entre 150 y 200 empleos. Pero los críticos auguran que a ese número habrá que empezar por restarle los 65 puestos del Balneario de Retortillo, prácticamente inserto en la zona de explotación de unas 2.500 hectáreas. Hay que añadir las afecciones a toda zona la agropecuaria del suroeste de Salamanca, que pueden poner en peligro cientos de puestos de trabajo.

Las nuevas explotaciones en España provocan recelo y mil dudas sobre el uranio entre la población. 

Dos multinacionales, la australiana Berkeley Resources y la canadiense Mawson Resources, tienen diversos proyectos en Salamanca, Extremadura y Guadalajara. En esta última, por cierto, la Junta de Castilla-La Mancha ha denegado a Berkeley los permisos de investigación para la explotación de Mazarete por "riesgos medioambientales", afirman los ecologistas.

En la provincia salmantina, Enusa (la empresa pública encargada de suministrar el uranio a las centrales nucleares españolas) y Berkeley tienen diferentes acuerdos que permiten a la australiana analizar distintos yacimientos próximos a la comarca de Ciudad Rodrigo. Por ejemplo, Salamanca I, que suma los depósitos de Retortillo, Santidad y Zona 7 y ocupa 280.000 hectáreas. La compañía cree que podría producir 12, 1 millones de libras (unas 6.000 toneladas) en los próximos 10 años a un coste de 25 dólares por libra (0, 454 kilos).  

La compañía minera australiana Berkeley Resources dispone de permisos de exploración de uranio en 450.000 hectáreas de las provincias de Cáceres y Salamanca, que son las zonas españolas más ricas en uranio.

Esta información ha sido facilitada por Berkeley en un comunicado, en el que también hace público un acuerdo de colaboración suscrito con los ayuntamientos salmantinos de Villavieja de Yeltes y Retortillo para la explotación de los yacimientos de uranio existentes en ambos términos municipales.

La empresa australiana anunció el 13 de octubre 2014 que había iniciado los trámites administrativos para el desarrollo y la explotación de los yacimientos de uranio de estos dos municipios del oeste salmantino, donde calculan que existe un potencial de 7.700 toneladas de óxido de uranio. Esto se mantuvo en secreto y los interesados en el cierre de Garoña en especial los ecologistas no supieron nada de nuevos nacimientos de uranio, ni para protestar. Las compañías interesadas calculan que podrá estar entre 10 y 11 años extrayendo uranio de ambos pueblos y, en principio, el inicio de la actividad minera se ha fijado para 2014.

En el acuerdo entre la empresa minera y los ayuntamientos, Berkeley ha anticipado un 10 % del canon de explotación total que tendrá que pagar a los dos pueblos, fijado en 159.000 euros.

Por tanto, Berkeley considera que en el período total de extracción de uranio abonará a los dos ayuntamientos un total de 1.590.000 euros y prevé que se crearán entre 150 y 200 puestos de trabajo.

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Si Berkeley inicia esta actividad minera en la provincia de Salamanca, sería la única zona de Europa donde se extrae este mineral.

El otro yacimiento, Salamanca II, se extiende entre Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa e incluye Mina Fe. De hecho, en fechas recientes se firmaba el acuerdo entre Enusa y Berkeley para su futura explotación. Según revela la compañía estatal, Berkeley abonará a Enusa cinco millones de euros por la información sobre su dominio minero (incluye la base de datos histórica de la mina) y tras los estudios de viabilidad se iniciará la explotación, finalmente Berkeley deberá pagar otros 20 millones adicionales. Si los números cuadran y producir uranio fuera rentable, se crearía un consorcio en la que Berkeley tendría el 90%, y Enusa, el 10%.

Fuentes de la Administración aseguran que la propiedad del uranio seguirá en manos del Estado. Otra cosa distinta es que asuma el papel de exportador, pues España tiene las segundas mayores reservas de Europa. A día de hoy, al no tener producción propia, Enusa tiene que comprar, paradójicamente, el uranio a Canadá, Australia o Níger. Unas 1.500 toneladas al año. 

Por su parte, Berkeley en tierras extremeñas tiene permisos para investigar en los emplazamientos de Quejigo, Olmos y Almendro, a los que se suman los de Gata y Hurdes, en el noreste de Cáceres. En total, la empresa canadiense lleva invertidos 17 millones en España en la exploración de yacimientos. 

Pero los números, como en casi todo lo que tiene que ver con lo nuclear, chocan con la percepción social. "Somos reacios, como es normal, a que haya ningún tipo de explotación. A ojos de la gente del pueblo no es bueno este tipo de minas.

Menos margen a la duda dan los ecologistas. "Tanto interés responde a un afán especulativo de las compañías. Creen que el precio del uranio subirá con fuerza a medio plazo porque, con los precios actuales, las explotaciones en España no se justifican", puntualiza Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción.

Se ignora si la última marcha contra Garoña celebrada en Vitoria y que les reseñamos aquí, se había enterado de los entresijos de la empresa Berkeley en Castilla La Mancha.

Bajo el pretexto de una exploración geológica, la empresa minera inicia, sin terminar aún los trámites necesarios la apertura de la que podría ser la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, la preparación del terreno para la explotación de la mina de uranio.

Ecologistas en Acción señala que esta explotación no solo supone incrementar los riesgos de salud de las poblaciones cercanas, sino que además hipoteca el futuro del Campo Charro (Salamanca) por una explotación que no parece ser rentable. 

Habían prometido «un tsunami popular» y, finalmente, el sábado inundaron las calles de Vitoria. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Virgen Blanca antes del atardecer para sumarse a la marcha convocada por el colectivo Araba Sin Garoña. Un mes después de que cientos de alaveses exigiesen el «cierre definitivo» de la central nuclear frente a la sede de la Diputación, familias, grupos sindicales y vecinales protestaron de forma masiva bajo el lema “No reapertura. Garoña itxi betiko”, "no a las nucleares". A su paso por la sede del Partido Popular y la subdelegación del Gobierno central el slogan  reivindicativo fue sustituido por expresiones más subidas de tono, de rechazo total. "La inacción de los partidos y la acción del gobierno han hecho que falten instrumentos para parar Garoña", criticó Alberto Frías, portavoz del movimiento Araba sin Garoña. "Basta de proposiciones de no ley, denunciaremos todos los postureos que se produzcan a partir de ahora", advirtió antes de demandar que el debate para el que el Ministerio de Industria se ha dado seis meses de plazo quede supeditado a una orden ministerial. 

Begoña Vázquez, secretaria comarcal de ELA en Álava, apeló a "los deseos de la mayoría social antes de poner en duda la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exigir a los partidos con representación política en el territorio «que lleguen a un acuerdo con el Partido Popular para detener la reapertura de Garoña". 

Un «congreso en la calle: más de 250 colectivos alaveses apoyaron la marcha, entre ellos los sindicatos ELA, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CNT, CGT, HIRU y un centenar de personalidades originarias del territorio. Numerosos grupos políticos expresaron su conformidad con la concentración y representantes como el Diputado general Ramiro González, el alcalde Gorka Urtaran y varios miembros de la Corporación municipal se sumaron a ella. 

"Espero que esta sea la última vez que tengamos que salir a la calle para pedir el cierre de Garoña, basta ya", proclamó Urtaran en la Virgen Blanca. El portavoz tampoco olvidó el encuentro que el PP celebró la víspera en el Palacio Europa para designar a su presidente. "El verdadero congreso ha tenido lugar en las calles de Vitoria", recordó a Mariano Rajoy.