Dos australianos condenados a muerte en Indonesia han sido trasladados este miércoles a una cárcel de Java para proceder a su ejecución a pesar de las protestas de Camberra, "indignada" por la intransigencia de Yakarta.

Andrew Chan, de 31 años, y Myuran Sukumaran, de 33 años, condenados a la pena capital en 2006 por dirigir una red de tráfico de heroína entre Indonesia y Australia, fueron trasladados a primera hora de la mañana de este miércoles desde la prisión de Kerobokan, situada en la turística isla de Bali.

A Michael Chan, que trató de ver a su hermano Andrew antes de que fuera trasladado, no se le permitió entrar en el centro de detención. "Este no es un día de visita", justificó un responsable local del ministerio de Justicia, Nyoman Putra Surya.

Los dos reclusos fueron despertados al amanecer y sus guardianes les dieron unos minutos para prepararse, según Surya. Dieron las "gracias" a los guardianes. "Les pusimos las esposas, ellos permanecieron en silencio", detalló el responsable. Después, Chan y Sukumaran abandonaron la cárcel en vehículos blindados en dirección al aeropuerto de Bali, constató un periodista de la AFP, para ser trasladados a una cárcel de alta seguridad de la isla de Nusakambangan. Unos 200 policías, 50 soldados y cañones de agua fueron desplegados alrededor del establecimiento penitenciario.

Las autoridades siguen sin anunciar la fecha de las ejecuciones, pero el traslado apunta a que son inminentes. El ministro indonesio de Justicia, Muhamad Prasetyo, afirmó que los últimos preparativos para la ejecución, en particular el entrenamiento del pelotón de fusilamiento, ya estaban en curso. Los condenados a muerte son avisados con 72 horas de antelación.

El primer ministro australiano, Tony Abbott, aseguró este miércoles que se sentía "indignado por la perspectiva de las ejecuciones" de sus dos ciudadanos e instó a Indonesia a que "cambie de parecer", advirtiendo de que con ello, no pretendía dar "falsas esperanzas" a las familias.

Los dos australianos se encuentran entre los diez condenados a muerte que próximamente serán fusilados, entre los cuales hay otros extranjeros originarios de Brasil, Francia, Filipinas, Nigeria y Ghana, que han visto igualmente rechazadas sus peticiones de indulto.

El brasileño, Rodrigo Gularte, de 42 años, condenado a muerte por ingresar al país seis kilos de cocaína escondidos en unas tablas de surf, está preso en Indonesia desde 2004 y su familia intenta probar ante las autoridades que padece esquizofrenia para evitar el fusilamiento y recluirlo en un psiquiátrico.

Decenas de indonesios y extranjeros de unos 15 países condenados a la pena capital por casos de estupefacientes se encuentran en el corredor de la muerte en Indonesia, que tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de droga.

El nuevo presidente indonesio, Joko Widodo, afirmó poco después de llegar al poder, en octubre, que no concedería ninguna gracia a los condenados a muerte por narcotráfico. Considera que su país vive una situación de estado de urgencia en materia de estupefacientes, que causan la muerte a decenas de jóvenes todos los días.

Por primera vez desde 2013, seis condenados a muerte -cinco de ellos extranjeros- fueron ejecutados el 18 de enero en Indonesia, provocando la protesta de los países concernidos.