Lamentablemente en Puerto Rico, se vive una gran incertidumbre, con la decisión del gobierno actual, de cesantear a más de 40,000 empleados gubernamentales, para alegadamente, cuadrar el presupuesto fiscal, sin haber tomado otras alternativas, ni sugerencias de uniones obreras, ni ningún recurso externo, para subsanar la situación económica que el país, yace sumergido.  Muchas uniones han manifestado su rechazo ante la iniciativa del nuevo gobernante.

Psicólgos advierten sobre efectos de Ley 7

sábado, 9 de mayo de 2009

Actualizado hace 12 horas (12:29 p.m. )

Prensa Asociada

La Asociación de Psicología de Puerto Rico advirtió hoy sobre los efectos nocivos que ha comenzado a tener la Ley 7 de emergencia fiscal principalmente sobre el estado psicosocial de los miles de empleados públicos que podrían ser cesanteados, e instó al gobierno a actuar para atender ese asunto.

A juicio de Carmen Rivera Lugo, presidenta del gremio, el plan de reducción de gastos del gobierno de Luis Fortuño ha carecido de un análisis sobre las consecuencias psicosociales que pueden tener medidas como las contenidas en la Ley 7, que podría dejar en la calle a cerca de 30,000 funcionarios a partir del 3 de julio.

"La implantación de este plan no puede ni debe ir desligada de un análisis profundo del impacto negativo que esto tiene y tendrá a nivel psicosocial. El gobierno no debe obviar que sus gestiones fiscales afectan a la misma ciudadanía que los eligió para administrar el país, salvaguardar sus derechos y promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos y todas", dijo Rivera Lugo en un comunicado.

"Dado que muchas de las personas que serán cesanteadas perderán su modo de subsistencia económica, sin lugar a dudas, esto tendrá un impacto negativo en la salud mental y emocional de estas personas. Ante esto, el Estado tiene que actuar en pro de los ciudadanos, no sólo por ser el Estado, sino porque es el responsable de esta ley", añadió.

La líder de la Asociación de Psicología sostuvo que, aun sin haberse concretado los despidos, impera un sentido de incertidumbre entre los empleados públicos que pudieran verse afectados y sus familias, lo que podría degenerar en un "sentimiento colectivo de desesperanza y de pesimismo comunitario" si se implantan las cesantías.

Rivera Lugo también instó a los potenciales afectados a actuar para dejarles saber al Ejecutivo y al Legislativo su sentir sobre las medidas fiscales del Gobernador.

"Recordemos que la Legislatura y el Ejecutivo representan al pueblo. Hable con su representante, exprésese en los medios, haga valer su voz y sus derechos democráticos. Un sentimiento de desesperanza o de pesimismo sólo es superado a través de la acción", puntualizó.