Una monja declaró como imputada en el caso de las adopciones irregulares realizadas en Chile en los años 1980, informó este lunes el juez a cargo del caso en declaraciones a radios locales.

Se trata de la religiosa Maria Graciela Soto, de 93 años de edad, que fue identificada por varios de los denunciantes como una de las personas encargadas de informar a las familias sobre las supuestas muertes de los menores, que presuntamente habrían sido dados en adopción.

El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza investiga catorce denuncias por supuestos robos de bebés.

Las familias denunciaron que sus hijos recién nacidos fueron declarados falsamente muertos y entregados en adopción entre las décadas de los 70 y 80, según reveló hace unos meses una investigación del medio electrónico Ciper, que generó gran polémica en Chile.

Carroza se trasladó el viernes a un centro de tercera edad para tomar declaraciones a Maria Graciela Soto.

"Ella estaba postrada en cama y le consultamos lo que necesitábamos saber, de acuerdo a eso declaró", afirmó el juez en declaraciones a radio locales.

El juez tomó declaración a la monja luego de que un informe del Servicio Médico Legal descartara que padecía demencia senil. La religiosa ya había declarado en una causa judicial de 2003 por acusaciones similares, en un caso que fue sobreseído en su momento.

"Tendremos que revisar ese proceso para ver si es el mismo caso y ahí establecer cuál es la situación de ella, pero aclaró bastantes cosas", añadió el juez.

El abogado Cristian Letelier, que representa a varias de las familias denunciantes, confirmó a la AFP que entre cuatro y cinco matrimonios identificaron en la foto de Graciela Soto a la persona que sustrajo los recién nacidos o les comunicó que sus hijos habían fallecido.

En medio del engranaje también figura el sacerdote chileno Gerardo Joannon, suspendido de sus funciones eclesiásticas.

El cura de 77 años fue identificado como el "vínculo" en otro hospital entre padres de jóvenes adolescentes embarazadas y médicos, quienes se habrían coludido para dar por fallecido al bebé y entregarlo en adopción a espaldas de sus progenitores.

La investigación de Ciper indicó que una decena de ginecólogos también participaron de estos y otros casos de adopciones, algunos con consentimiento de los padres biológicos, y en otros, bajo engaños.