GINEBRA.-En una de sus más fuertes intervenciones en la crisis que tiene en vilo a Venezuela, la ONU criticó ayer el "uso excesivo de la fuerza" por parte del gobierno de Nicolás Maduro para desbaratar una serie de "protestas pacíficas" en Caracas, y señaló que recibió denuncias sobre falta de información del paradero de manifestantes detenidos.

"Condenamos de manera inequívoca toda violencia, por todas las partes, en Venezuela, pero estamos particularmente preocupados por los informes acerca del excesivo uso de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas", dijo el vocero de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville.

"Reiteramos el llamado al gobierno para que garantice que la gente no será penalizada por ejercer su derecho a reunirse de forma pacífica y a la libertad de expresión", agregó.

La policía venezolana detuvo anteayer a 243 jóvenes en una gigantesca redada nocturna en cuatro campamentos opositores en el este de Caracas; eso desató una serie de disturbios callejeros, en uno de los cuales murió un policía por impacto de bala.

Colville informó que su entidad recibió varias denuncias directas de manifestantes, familiares y abogados, y que entre ellas figura la de falta de información sobre el paradero de detenidos en los desalojos de los últimos dos días.

La máxima instancia de la ONU en materia de derechos humanos cuestionó, además, que la mayoría de los detenidos fueran conducidos a instalaciones militares, así como el hecho de que entre los arrestados haya 18 menores de edad y una mujer embarazada.

"Causa inquietud que la violencia y los ataques son iniciados usualmente por hombres armados dentro y alrededor de universidades venezolanas, desde el inicio de la semana", añadió el vocero.

Frente a estos hechos, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reclamó nuevamente al gobierno de Maduro "que inicie un diálogo inclusivo con la oposición". A pesar de haber admitido "excesos" policiales en la represión a las protestas, el gobierno niega rotundamente que en Venezuela se violen los derechos humanos.