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Arturo F. AchahuiMiembro desde: 25/06/16

Arturo F. Achahui
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30/08/2017

A las enfermedades y el infortunio se suma la existencia de un sistema de salud que también conspira contra el derecho a la vida…

Allá por diciembre del 2011, un mediático congresista de la republica manifestaba su indignación en relación a la atención que venían recibiendo diferentes personas en los establecimientos de la Red Asistencial de Essalud, este legislador calificó de: “incalificable abuso” el hecho de que previo a la atención en los servicios de emergencia se les exija a los usuarios de tales servicios copia de su documento de identidad, así como la suscripción previa de un título valor (pagaré), el cual le asegurase a la institución de salud el reembolso de la deuda contraída por los usuarios en razón de los servicios recibidos; pasaron poco menos de 90 días de aquella plausible manifestación y un hecho repentino iba a poner a prueba la ecuanimidad de tales declaraciones, un incendio en los almacenes del Ministerio de Educación arrojaba como saldo algunos heridos, entre ellos personal perteneciente al Cuerpo General de Bomberos, quienes con natural premura acudieron a un establecimiento de Essalud para tratar las dolencias propias de la contingencia atendida.

Tras el ingreso de los bomberos al servicio de emergencia, un impasible funcionario ubicado en los servicios de admisión reproducía nuevamente lo que cientos, o tal vez miles de otros servidores en salud harían con desdén en los meses y años posteriores, solicitar - previo a la atención - el documento de identidad de los infortunados, así como el condicionar la atencion a la firma previa del dichoso pagaré, como si los miembros del cuerpo de bomberos tuvieran el primero dentro de su indumentaria contra incendios o la disponibilidad emocional para suscribir el segundo. Días después, y tras el escándalo mediático ocasionado, el Dr. Luis Vicente García, representante de la Oficina de Defensoría del Asegurado de Essalud, aceptaba públicamente el incumplimiento de la Ley de Emergencia y la sanción establecida hacia el funcionario involucrado en tal indignante jornada.

Esta necesaria introducción es posiblemente, junto al caso de la Srta. Shirley Melendez Tuesta, el referente con exposición mediática más aproximado al caso protagonizado por la ex premier Ana Jara, con la diferencia que en esta oportunidad la estructura del sistema de atención de salud, contrario a sus fines fundamentales, se haría cobro de una vida.

Las declaraciones e información relativa a este suceso han ido y venido en todos los sentidos, las réplicas han tenido su respectiva contrarréplica, se ha invadido ámbitos vinculados al derecho a la salud, derechos humanos, gestión de influencias, burocracia, inhumanidad, corrupción, descoordinación, entre otros; en resumen, un enardecido gremio médico visiblemente afectado por las acusaciones formuladas por la ex premier, después de que esta última experimentase la pérdida de un ser querido, son los actores coyunturales de una crisis que data de varios años atrás, sumado a una cada vez más resignada opinión pública que con justicia sigue poniendo bajo cuestionamiento los desvaríos de nuestro poco resolutivo sistema de salud.

Sin embargo, a pesar de la exposición que ha tenido el tema, se tiene aún especial reserva respecto de los hechos realmente acontecidos, así como la ubicación de los mismos en los diferentes escenarios legales; de hecho, la prensa, las redes sociales e incluso las instituciones públicas solo se han encargado de concentrarse en el conflicto mismo, con una ya trillada afirmación de que: “el sistema está en crisis”, mas poco se ha hecho por difundir la legislación y normativa que ampara los procedimientos relativos a la atención de salud, estatutos que ya de por si resultan efectivamente preocupantes.

"...de ninguna forma se ha atentado contra la reputación y buen nombre de los galenos de Essalud; estos últimos, por los hechos acontecidos en los últimos años, se la habrían ganado a pulso..."

Pero vayamos al núcleo del asunto, el Reglamento de La Ley N° 27604 (Ley de Obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos), más conocida como “Ley de Emergencias”, aprobado vía Decreto Supremo N° 016-2002-SA, establece en su artículo 4: “…Todos los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención inmediata a toda persona en situación de emergencia…”; párrafos adelante establece en su artículo 10 la información a ser registrada en el denominado Libro de Emergencias, información de la cual no se distingue como requisito el registro de documento de identidad del paciente; por otro lado, en cuanto al reembolso de la atención en emergencia el reglamento establece que este: “…debe ser reembolsado en forma posterior a la atención” y en su artículo 12 ratifica dicho mandato al mencionar que: “…Luego que la persona atendida en un establecimiento de salud no presente ningún riesgo para su vida o su salud, reembolsará los gastos ocasionados por su atención…”; de lo mencionado se desprende que – en cuanto a la atención de emergencias - la ley estaría poniendo el cuidado de la vida en primer lugar, colocando a las diligencias administrativas en un segundo y merecido plano.

La contradicción viene con la existencia previa de la Resolución de Gerencia General N° 486-GG-ESSALUD que data de octubre del 2001, en el aludido documento se establecieron diferentes disposiciones para la atención de asegurados y derechohabientes, afirmándose en su artículo 2: “…Art. 2 Acreditación en los Servicios de Emergencia. Los afiliados no acreditados en el sistema, además de su documento de identificación, deben presentar los documentos indicados en el Artículo 1º. Sólo corresponde la suscripción de un Pagaré en caso el paciente requiera ser derivado a Sala de Observación u Hospitalización y no cuente con dichos documentos…”, de ello se desprende la obligatoriedad para el paciente de presentar su documento de identidad en caso de emergencias, condicionando en efecto la hospitalización a la suscripción de un pagaré.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es el modelo propuesto para el citado título valor, el cual establece un condicionamiento singularmente perverso: “…Debo y pagaré en la forma de vencimiento indicada, a la orden del Seguro Social de Salud (EsSalud), …quedando estipulado que si no pagase al vencimiento abonaré por mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1244º del Código Civil, más las costas y costos judiciales, comisiones, gastos administrativos y notariales y otros en los que EsSalud incurra como consecuencia de mi incumplimiento. Las prórrogas de este pagaré, por su importe total o por cantidad menor, que EsSalud tuviera a bien hacerme podrán ser anotadas en este documento sin que sea necesario su suscripción. En caso incumpla con la obligación contenida en este título, en virtud de lo establecido en los Artículos 52º y 81º de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, libero a EsSalud de la formalidad del protesto…” ¿Quién pues, en una situación de emergencia, podría detenerse a analizar y escudriñar tales términos legales?, y más aún, espero amigo lector que de los espacios en negrita se anime en algún momento a analizar la evidente ilegalidad desprendida de los mismos.   

La vida es un elemento al que todos los seres humanos tenemos pleno derecho, si esta última estuviere amenazada por un peligro súbito y repentino tenemos la obligación moral de darle la espalda a cualquier procedimiento instalado que se pusiese en contra de este principio, ello al tratarse de un bien supremo, y el cual está claro se encuentra fuera de toda razonabilidad humana y postura legal existente; por otro lado, lo sucedido con la madre de la Sra. Ana Jara no debería volver a repetirse con ninguno otro de nuestros compatriotas, pero tal como lo encabeza el presente artículo al parecer seguimos bajo el yugo de un sistema de salud el cual no solo está colapsado en términos económicos y de infraestructura, el sistema de salud se esta cobrando sus reembolsos con las vidas de sus asegurados, existiendo también una degradación de principios los cuales evidencian el mayor aprecio que tendría un servidor público respecto del cumplimiento de una resolución gerencial que la obligación que tiene de ejecutar el propio mandato legal. Queda claro entonces que la única víctima en este asunto fue la Sra. Yolanda Velásquez Carrión, educadora y destacada Notaria Pública de Ica, a cuyos familiares no se les debió en ningún momento condicionar la atención a la presentación de un documento de identidad, ni mucho menos solicitar la suscripción de un pagaré, y quienes de ninguna forma han atentado contra la reputación y buen nombre de los galenos de Essalud; estos últimos, por los hechos protagonizados en los últimos años, se la habrían ganado a pulso. 

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