La investigación, a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes puertorriqueña, Jorge Navarro Suárez, surgió tras las declaraciones a un periódico local de una embalsamadora y profesora de ciencias mortuorias sobre el robo de ataúdes en la isla.

Navarro Suárez, del anexionista Partido Nuevo Progresista, indicó en entrevista con Efe que como parte de la investigación se pedirá a varias funerarias la documentación para corroborar que no estén revendiendo los ataúdes.

"Hay que ver quiénes están detrás de todo esto y comprobar la venta o reventa de ataúdes, y buscar hacia dónde dirigir la investigación", recalcó.

El legislador, en su resolución, reconoce que "dicha práctica, de ser cierta, constituye una acción contra la moral, la ética y los valores religiosos y familiares tradicionales en Puerto Rico".

Además de Navarro Suárez, los legisladores Jaime Perelló y José Torres, del autonomista Partido Popular Democrático, se han unido a las pesquisas.

La investigación incluye también la calidad y costes de los servicios funerarios en Puerto Rico y los gastos de compra y mantenimiento de lotes en cementerios.

Carlos Rodríguez Pardo, presidente de Celestium, uno de los principales crematorios en Puerto Rico ubicado en Carolina, ciudad aledaña a San Juan, dijo estar a favor de que se alquilen los ataúdes "porque así disminuyen el robo".

"Lo que buscamos es una reducción de los costos. Esa sería la solución perfecta. Si no existe la posibilidad del delito por lo que se están robando, pues que los alquilen", afirmó.

Rodríguez, quien dijo que su empresa crema 300 cadáveres mensualmente, sostuvo que lleva más de 20 años denunciando a las autoridades el robo de ataúdes por empleados de funerarias.

"Ya no hay funerarios honestos de pueblos. Existe y siempre ha existido el robo de ataúdes", confirmó Rodríguez.

Por su parte, el presidente de Empresas Stewart Cementerios y Funerarias en Puerto Rico, Víctor Collazo, describió a Efe la acción de la reventa de ataúdes como "una práctica que no es generalizada, sino con excepciones".

Collazo enfatizó que si al fallecido se le trata con "dignidad y respeto" no se estaría llevando a cabo la investigación, aunque admitió que sería el primero en denunciarlo.

De acuerdo con Collazo, el costo de cremación en Puerto Rico es de entre 350 y 400 dólares, y se practica al 12 por ciento de las personas fallecidas en la isla.

No obstante, criticó que los legisladores se dediquen a investigar un problema no más grande de los que se viven en el país como el desempleo y la criminalidad.

"Yo considero que Puerto Rico está pasando por una crisis y debemos de enfocar y poner nuestros recursos en los otros problemas. Estamos desperdiciando oportunidades", puntualizó.